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Fiscales no admiten en reunión a enviada del gobierno de Maduro

15 Julio 2017

Según la información para la reunión solo fue habilitada la entrada a Patricia Parra, quien es representante de la Fiscal General venezolana.

Ayer le fue anulado el pasaporte al Director General de Actuación Procesal del Ministerio Público venezolano Zair Mundaray, justo cuando intentaba viajar a Argentina.

La abogada se presentó en el encuentro con funcionarios de la embajada venezolana en Buenos Aires, pero la mayoría de los procuradores allí presentes rechazaron su presencia, otorgando así un nuevo espaldarazo a Luisa Ortega Díaz, la fiscal general que se ha visto envuelta en una serie de ataques del gobierno de Nicolás Maduro, a raíz de sus pronunciamientos en contra de los magistrados y de la constituyente. Ante ello, se logró transmitir una comunicación telefónica directa con la fiscala Ortega Díaz, quien expuso ante la asamblea los acontecimientos. El 6 de abril y el 12 de junio pasado, emitieron comunicados en los que se pronunciaron en favor de la autonomía e independencia del Ministerio Público de Venezuela y repudiaron los actos de "hostigamiento, presión, injerencia, amenaza de poderes, públicos o privados, así como cualquier pretensión de remoción ilegal o arbitraria contra la Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela".

Dentro del marco de este proceso, que puede separarla de su cargo, la fiscal venezolana ha recibido medidas cautelares como el congelamiento de sus cuentas bancarias y la prohibición de salir de su país. Esta posición le ha valido procesos legales en su contra, con el argumento de que ha cometido "faltas graves" y el desarrollo de un antejuicio de mérito.

Convencida de que existe un "terrorismo de Estado" en Venezuela, Ortega ha recriminado a las autoridades haber convertido la nación en un "estado policial" en el que ha habido una ruptura del "hilo constitucional".

La convocatoria a esta Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, Alamp, fue realizada por la Fiscalía boliviana, que ostenta la presidencia temporal de ese grupo.

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